LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD

• Ser un deudor de buena fe
• No deber más de 5 millones de euros
• No tener antecedentes penales por delitos de naturaleza económica
• No haber sido declarado en concurso de acreedores en los últimos 5 años

Iniciar el procedimiento de la Ley de la Segunda Oportunidad supone un importante punto de inflexión para quienes se encuentran en una situación de sobreendeudamiento. Entre sus principales beneficios destacan:

• Paralización inmediata de embargos y ejecuciones judiciales: Desde el inicio del proceso, se suspenden los embargos en curso, así como las reclamaciones judiciales en curso.
• Suspensión del devengo de intereses: Dejan de generarse nuevos intereses sobre las deudas, lo que evita que la situación económica del deudor siga empeorando.
• Protección frente a los acreedores: Durante el procedimiento, los acreedores no pueden iniciar nuevas acciones de reclamación o cobro.
• Acceso a la exoneración definitiva de las deudas: Si se cumplen los requisitos legales, el deudor puede quedar liberado total o parcialmente de sus deudas, logrando así una auténtica segunda oportunidad económica y personal.

En definitiva, iniciar este proceso supone un alivio inmediato de la presión financiera y legal, permitiendo al deudor recuperar el control de su economía y comenzar de nuevo sin el peso de las deudas.

El juzgado competente para tramitar el mecanismo de la Segunda Oportunidad es el Juzgado de lo Mercantil de la provincia del domicilio habitual del deudor, con independencia de que sea persona física no empresaria o autónomo.

• La masa activa del concurso está integrada por todos los bienes y derechos embargables.
• La masa pasiva del concurso se integra por todos los acreedores del deudor, cualquiera que sea su nacionalidad y domicilio.

Sí, pero con matices. Es posible que el deudor conserve su vivienda habitual y ciertos bienes, siempre que se cumplan una serie de requisitos. Estos son los puntos clave:

• El deudor puede optar por la modalidad de exoneración con plan de pagos a 3 o 5 años, lo que abre la vía para conservar vivienda o bienes siempre que el plan sea viable.
• La vivienda habitual puede mantenerse sin necesidad de hacer un plan de pagos si el valor de mercado del inmueble no supera significativamente la deuda hipotecaria pendiente, o bien que la vivienda no aporte un “excedente” significativo para los acreedores tras su venta.
• En cuanto a otros bienes, la ley permite conservar aquellos que sean legalmente inembargables, desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sea manifiestamente desproporcionado.
• Es importante destacar que no está garantizado conservar todos los bienes: cada caso se analiza según la situación patrimonial, la capacidad de pago del deudor, la existencia de garantías o cargas y la propuesta que se presente al juez y acreedores.

En resumen: sí, se puede conservar la vivienda habitual y determinados bienes, siempre que el deudor actúe de buena fe, presente un plan de pagos viable y cumpla con los requisitos fijados por la ley. De lo contrario, puede que sea necesario liquidar el patrimonio para poder acceder a la exoneración.

En el procedimiento intervienen profesionales cuya participación es necesaria y obligatoria como Procuradores y en algunos casos, Administradores Concursales cuyos honorarios dependen, en buena medida, del importe total de la valoración de los activos del deudor y de la suma de sus deudas.

En cuanto a los honorarios de Batlle Ferrer Abogados, los mismos variarán según la complejidad del asunto y las cuantías económicas del activo y el pasivo del cliente. En todo caso, y siendo conscientes de la situación económica del cliente, nos mostramos abiertos a una gran flexibilidad en todo momento, pudiendo establecerse el pago en pequeñas cuotas mensuales. Somos un bufete cercano, humano y entendemos la situación del cliente.